Ley de dependencia.

En esta ocasión quiero traeros una pequeña reflexión sobre la Ley de Dependencia.

La Ley de Dependencia pretende que las personas que no pueden ser autónomas tengan la ayuda de otra persona, que si lo es, para poder realizar las actividades básicas de la vida diaria.

Existen tres grados de dependencia:

Grado I: Cuando la persona sufre una dependencia moderada, es decir, que necesita ayuda para realizar varias actividades de la vida diaria al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente.

Grado II:Cuando la persona sufre una dependencia severa, es decir, que necesita ayuda para realizar varias actividades de la vida diaria al menos dos o tres veces al día, pero no necesita el apoyo permanente de un cuidador para su vida diaria.

Grado III:Cuando la persona sufre una gran dependencia, es decir, necesita ayuda para realizar varias actividades de la vida diaria, y necesita una ayuda permanente debido a su perdida total de la autonomía física,mental, intelectual o sensorial.

Con la elaboración de dicha ley se supone que el estado se haría cargo del 50% del gasto en ayudas a estas personas, y el otro 50% lo asumirían las autonomías. Esto fue así durante el gobierno del PSOE, pero con la llegada al gobierno del PP se produjeron una serie de recortes que han hecho que la Ley no valga para nada, ya que mueren 90 personas al día esperando la ayuda que le corresponde pero que nunca llega y a los que si en la mayoría de las casos les resulta insuficiente para poder llevar una vida digna. Esto es debido a que el estado solo se hace cargo del 17% del gasto total, por lo que las autonomías no dan a basto para poder proporcionar la ayuda que necesitan miles de personas.

Estos recortes han provocado también que los cuidadores no profesionales dejen de cotizar a no ser que se paguen ellos mismos la cuota de la seguridad social.

Con la entrada del nuevo gobierno se ha producido un declive de la eficacia de dicha Ley, ya que no da a basto por lo que es necesaria una reforma urgentemente y darle a los dependientes lo que es suyo por ley. Esto no hubiera pasado sí al elaborar la Ley se hubiera financiado con dinero de la Seguridad Social en sustitución al dinero del estado, ya que así el presupuesto destinado al cumplimiento de la Ley no podría verse reducido por un gobierno que claramente no quiere invertir en políticas sociales y busca la privatización de la sanidad.